Humanitarianresponse Logo

Factsheet - Impacto y contexto humanitario en los municipios del bajo y medio Putumayo 2018

Impacto y contexto humanitario Municipios del Medio y Bajo Putumayo Enero 2017 a junio 2018

DATOS CLAVES

• Acciones armadas por parte de nuevos grupos desencadenan infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), y vulneran los Derechos Humanos (DDHH) de la población rural. Estos grupos tienen sobre todo presencia en las subregiones de medio y bajo Putumayo .  

• Preocupan las amenazas y homicidios de líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC), líderes/as sociales y defensores/as de DDHH, especialmente aquellos que promueven la inscripción al Programa Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS).

• Desde diciembre de 2017 se identifica un alto de riesgo de reclutamiento forzado de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) por parte de los grupos armados que buscan fortalecer sus estructuras militares.

• Los mecanismos de control territorial impuestos por los grupos armados a través de amenazas, causan desplazamientos individuales y restricciones a la movilidad y acceso a bienes, servicios y/o derechos fundamentales. Pese a una cierta disminución de los hechos victimizantes, también se resalta un sub registro por el temor a denunciar y las dificultades de acceso (por distancia y costos de transporte) a las instituciones responsables.

• Las acciones armadas registradas (hostigamientos contra las Fuerzas Armadas , enfrentamientos entre actores no estatales, emboscadas y ataques contra la infraestructura civil), exponen a la población civil a quedar en medio del fuego cruzado, principalmente en la zona de frontera.

Mensajes claves Dinámica del contexto

1. Putumayo es un departamento geográficamente ubicado en la frontera con Ecuador y Perú, el cual presenta una compleja geografía montañosa y selvática. Estas características naturales sumadas a la débil presencia estatal, lo hace un escenario ideal para actividades de narcotráfico y la confluencia de diferentes actores armados , quienes se han expandido en el territorio y fortalecido simultáneamente con el comercio de cultivos ilícitos.

2. Posterior a la desmovilización de las FARC-EP y su proceso de reincorporación a la vida civil, inicia la reconfiguración de nuevos grupos armados con nuevos nombres y auto-denominaciones ; a estos se suma “la Constru” , estructura conformada por ex-miembros de “los Rastrojos”, las AUC y las FARC-EP, con accionar en Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuez, e incluso redes en departamentos vecinos y países como Ecuador.

3. Según Informes del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, las presuntas disidencias de las FARC-EP inician a operar en los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, aproximadamente a partir de finales del 2017; de acuerdo al último informe, el frente 1 y 7 hacen presencia en límites con Caquetá y el frente 48 en frontera con Ecuador sobre Río Putumayo.

4. Amenazas y homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos. Según la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) en Putumayo, se registraron 152 amenazas en el año 2017, en municipios como: Puerto Guzmán (76), Puerto Leguízamo (43) y Puerto Asís (33). Ante la Fiscalía General de la Nación Seccional Putumayo, con fecha 30 de Julio de 2018, se han radicado 20 denuncias de amenazas en contra dirigentes étnicos (3), diputados (5), periodistas (2), concejales (1), líder movimiento político (1) y presidentes y miembros de JAC (8), estos últimos impulsan procesos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). (5), HH: El PNIS hace parte del punto cuatro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto entre el Gobierno y las FARC-EP, el cual promueve la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y lucha contra las organizaciones que controlan este negocio. Al programa se suscribieron al menos 11.385 personas de nueve municipios8 , quienes se comprometieron a erradicar 10.337 hectáreas (has); no obstante, la presión y el control territorial de los grupos armados con presencia en la zona, obstaculizan el normal desarrollo del programa. En ese sentido, los precios de comercialización de la pasta de coca, tuvieron un importante incremento lo que incentiva a los campesinos a seguir con la práctica de cultivos ilícitos. La Unidad Nacional de Protección (UNP) en el Consejo de Seguridad de Julio 2018 9 , informó que, 33 líderes cuentan con esquema de protección y 200 personas más, cuentan con medidas de protección. Los homicidios selectivos inician en diciembre de 2016 con la muerte del presidente de la JAC de la Vereda Buenos Aires (Puerto Asís) 10; en el trascurso del 2017, 10 líderes son asesinados11, y en lo corrido de 2018 van cinco homicidios, entre ellos cuatro líderes y una Defensora Pública. Estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, pero sin capturas hasta el momento. El 2 de mayo del presente año, se informa sobre la desaparición forzosa de la lideresa Deyanira Guerrero, quien aparece listada en un panfleto firmado por AGC12 , el cual relaciona a líderes y civiles de los municipios de San Miguel y Valle del Guamuez (de estos dos fueron asesinados y 10 se desplazaron del departamento).

5. Desplazamiento forzado. En 2017 se desplazaron 1.359 personas, y en los primeros seis meses de 2018 hay registros de 337 personas, según el RUV. Los registros ubican a Puerto Asís (27%), Leguízamo (16.7%) y Orito (15%) como los municipios con mayor número de desplazamientos en el departamento (el 52% de los desplazados son mujeres), cifras que coinciden con la presencia y accionar de grupos armados en las zonas rurales de estos municipios. Desde septiembre de 2017 se evidencia presencia recurrente de personal armado en comunidades, causando temor por las acciones armadas que se puedan desencadenar13 . Este temor generalizado, sumado a la distancia y costos de transporte fluvial para acercarse a la institucionalidad y hacer las debidas declaraciones, conlleva a un subregistro en los desplazamientos. Reportes de ACNUR14 Ecuador confirman que en el primer semestre de 2018 más de 300 colombianos se han desplazado a Sucumbíos, provincia vecina con Putumayo y han solicitado asilo.

6. Acciones armadas. Los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados ponen en riesgo a las comunidades campesinas ubicadas en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, comunidades del corredor fronterizo Puerto Vega-Teteyé (Puerto Asís), Vereda El Afilador (San Miguel), Piñuña Negro (Puerto Leguízamo) y La Alejandría (Puerto Guzmán); el riesgo también existe para comunidades indígenas del Corregimiento de Piñuña Blanco (Puerto Asís), ya que al interior del mismo existe el Resguardo Indígena del pueblo Siona-Santacruz, el pueblo Coreguaje del Resguardo Jirijiri, el pueblo Inga del Resguardo El Tablero y el pueblo Coreguaje del Resguardo Becocha Guajira (Leguízamo).

7. Restricciones de movilidad y acceso. La imposición de autoridad y normas de conductas, como parte del control territorial, desencadenan limitaciones en la movilidad, ya que establecen horarios entre 6:00 am y 6:00 pm dentro del territorio; por consiguiente, restringen el acceso a bienes, medios de vida y servicios básicos en salud, educación e impiden la realización expresiones y ritos culturales de las Comunidades Indígenas. Otras acciones como parte de este control (extorsión a campesinos, comerciantes y empresas petroleras asentadas en la zona, manejo de los precios y el interés de estas estructuras narcotraficantes en mantener el control de toda la cadena productiva), invisibilizan las dinámicas de la región. Estos eventos causan sobre los campesinos obligándolos a sembrar coca, no suscribirse al PNIS, reclutamientos de niños, niñas y adolescentes y aumento en los casos de violencia basada en género (VBG).

8. Reclutamiento, utilización y desvinculación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Existe un alto nivel de riesgo para los niños, niñas y adolescentes, por la presencia de actores armados que buscan vincularlos y utilizarlos en el desarrollo de sus actividades ilegales16 . Las acciones de reclutamiento no hacen parte de hechos aislados, sino de una situación generalizada/naturalizada; las debilidades del sistema educativo en el departamento y la falta de oportunidad de continuar con estudios superiores para los jóvenes17 , propicia el escenario para estos grupos armados en el desarrollo de estrategias de vinculación (ofrecen remuneración); en casos más severos, muchos de los jóvenes son obligados a la práctica de acciones armadas, labores de extorsión, son amenazados y expuestos a malos tratos; en ese sentido, quienes pretendan desertar o incumplir con las órdenes pueden ser asesinados 18 . Según información recolectada, existiría una tendencia al reclutamiento de niñas quienes tendrían funciones de tipo logístico y preocupa el posible riesgo de explotación sexual. Como ejemplo de estas prácticas, se tiene información del 3 de diciembre de 2017, donde sujetos armados llegan a la Vereda Lorencito (Leguízamo) e invitan a un grupo de jóvenes, entre ellos menores de edad “a trabajar y obtener un buen pago” (se desconoce la cifra)19. A partir de esa fecha, entre marzo y julio de 2018 se han presentado otros hechos, donde se prevé que pudieron haber sido reclutados (12), asesinados (2) y entregados a sus familiares como muertos en combate; de estas cifras, 2 logran escapar y de los demás se desconoce la situación actual. Por la sensibilidad del tema, se resalta la complejidad de obtener datos fiables al respecto. Las instituciones educativas también presentan un nivel de riesgo; es el caso del municipio de San Miguel vereda El Afilador, donde hombres armados no identificados hacen presencia permanente en la zona cercana a la Institución Educativa de esta vereda. Hasta junio 2018 se tiene el reporte de 12 NNA en poder de presuntas disidencias FARC-EP (frentes 1 y 7), quienes tienen alianzas con disidencias del frente 48, y otros grupos armados ilegales como “La Constru”, “La Mafia” en Piñuña Blanco (Puerto Asís) y Mecaya (Leguízamo).

9. Violencia Basada en Género (VBG). De los 128 homicidios ocurridos en 2017, al menos 15 de las víctimas fueron mujeres, ente ellas 3 menores de edad y 10 casos fueron catalogados como feminicidios. A corte de 6 de julio, Medicina Legal registra 58 muertes violentas, 9 mujeres (feminicidio de la presidenta de la JAC San Joaquín en Leguízamo, y una Defensora Pública en Puerto Asís) y 49 hombres. Las Organizaciones de mujeres víctimas han recibido amenazas, extorsiones y entre los listados amenazantes hacen referencia a limpieza social, con énfasis a trabajadoras sexuales y personas con orientación sexual y de género diversa. De las amenazas mencionadas, ante la Fiscalía 6 son contra mujeres y 14 contra hombres quienes ejercen un liderazgo representativo dentro de sus comunidades.

Respuesta

Autoridades locales y departamentales:

Las entidades Estatales de orden nacional y territorial, Ministerio Público y Agencias de Cooperación internacional, se articulan para responder a los riesgos de protección identificados y garantizar los derechos de la población víctima. En lo corrido de 2018 se han realizado dos Comités de Justicia Transicional (CJT), buscando garantizar los derechos de las víctimas y adoptar medidas de seguridad para la población vulnerable; en febrero se realizó un Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición (SCNPPGNR), donde se evaluó la problemática generada en marco de los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, evidenciando los riesgos asociados a amenazas, desplazamiento y homicidios contra la población civil, en especial a líderes de las comunidades. 

La baja presencia institucional en zonas rurales y la falta de presupuesto por parte de las autoridades locales, para responder a los riesgos identificados en dichos comités y financiar las acciones previstas en los Planes Integrales de Prevención y Protección (Decreto 4800 de 2011), hace que persistan vacíos en la respuesta institucional y que la población rural siga siendo víctima de vulneraciones de derechos humanos.

Equipo Local de Coordinación Putumayo:

En el marco de la complementariedad a las necesidades humanitarias identificadas en el territorio, miembros del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Putumayo como Mercy Corps, apoyan con asistencia humanitaria, medios de vida, orientación legal y protección. La Diócesis de Mocoa-Sibundoy, War Child, Corporación Casa Amazonía y la Corporación Infancia y Desarrollo adelantan actividades de educación, protección y prevención del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; Médicos Sin Fronteras (MSF) asiste a familiares víctimas de desaparición forzada; Campaña Colombiana Contra Minas y The Halo Trust trabajan en el fortalecimiento a las actividades de Desminado Humanitario; ACNUR por su parte, trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos de protección de las autoridades locales y Ministerio Público, así como asesoría a población desplazada.

Recomendaciones

Autoridades municipales y departamentales

1. A las autoridades departamentales: visibilizar ante las autoridades del nivel nacional la situación de riesgo de protección y necesidades humanitarias en el Bajo y Medio Putumayo; al mismo tiempo, solicitar fondos para concretar las acciones previstas en los Planes Integrales de Prevención y Protección, una vez aprobados por el Comité de Justicia Transicional, tal como previsto en el Decreto 4800 de 2011.

2. A las Fuerzas Armadas (Ejército Nacional, Policía Nacional) y Unidad Nacional de Protección, implementar medidas de protección individual y colectiva eficaces a la población civil, especialmente de líderes comunales e indígenas del Medio y Bajo Putumayo.

3. A la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (CIPRUNA), en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), coordinar e implementar acciones de prevención frente al reclutamiento y la utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes por parte de los nuevos grupos armados, especialmente en los municipios de Puerto Asís, San Miguel y Leguízamo.

4. Presencia, comunicación y coordinación directa entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la comunidad rural indígena, campesina, y la comunidad educativa, para facilitar la intervención rápida en casos de riesgo de reclutamiento y utilización para niños, niñas y adolescentes.

5. A la UARIV, se sugiere fortalecer la capacidad de respuesta institucional para el desarrollo de acciones de prevención y atención de la población víctima del conflicto.

Comunidad internacional

1. Al Sistema de Naciones Unidas en Colombia, visibilizar ante las autoridades colombianas del nivel nacional la situación de riesgo del Bajo y Medio Putumayo, y promover el financiamiento de herramientas de protección previstas por la normatividad colombiana para responder a la población víctima, como son los Planes Integrales de Prevención y Protección.

2. A los miembros del ELC Putumayo que tienen presencia en las zonas rurales del departamento, apoyo en fomentar el acercamiento de las instituciones estatales que brindan acceso a servicios y derechos a las comunidades en mayor riesgo, hacia una relación de confianza entre comunidad e instituciones.

3. Organizaciones como ACNUR, Misión de Paz de la ONU y ONU DDHH, seguir desarrollando misiones interagenciales de monitoreo e identificar riesgos de protección de manera oportuna; así mismo realizar misiones intersectoriales, e interinstitucionales de seguimiento y verificación de emergencias, para generar procesos de trabajo articulado con las autoridades y/o institucionalidad.

Sitio(s): 
Organización: 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas
Fecha de publicación original: 
10 Ago 2018
Tipo de documento: 
Ciclo de Programación Humanitario
Localizaciones: 
Putumayo
Tema: 
Conflicto
Centros de coordinación: 
Equipo Humanitario Putumayo