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Factsheet - Situación Humanitaria San José de Uré - Sur de Córdoba Enero 2018 - Abril 2019

  • Situación humanitaria San José de Uré – Sur de Córdoba
  • Enero 2018 – abril 2019
  • Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas- OCHA. 

 

MENSAJES CLAVES

Map of Cordoba

Elevada presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) en la subregión del San Jorge restringen la movilidad de los pobladores y afectan gravemente sus medios de vida.

La confrontación entre los GAO que se libra en el bajo cauca antioqueño se ha extendido a diversos municipios del departamento como San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada, Planeta Rica, Ayapel y Buenavista, aumentando los riesgos y necesidades de la población civil.

Córdoba es el departamento del Caribe con mayor número de homicidios de líderes sociales, la mayoría de ellos ocurridos en la zona del San Jorge.

Falta de visibilidad de la situación humanitaria de la zona y oportuna e integral respuesta por parte de las entidades gubernamentales de orden local, departamental y nacional.

La presencia de cultivos de uso ilícito propicia escenarios de hostilidades y amenazas contra la población que habita en el sur de Córdoba.

Al menos 2.200 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) estuvieron desescolarizados durante más de tres meses al iniciar el año 2019 debido a la falta de contratación de los docentes, situación que se repite todos los años en este y otros municipios, este evento causa riesgo de reclutamiento para los menores de edad de la zona con presencia de grupos armados.

Dinámicas del contexto sur de Córdoba.

San José de Uré es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, con una población estimada de 11.742[1] habitantes. Limita con los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador (Córdoba), Cáceres y Tarazá (Antioquia). Este municipio está conformado por los corregimientos de Batatalito, Bocas de Uré, Doradas, Flechas, La Cristalina, Versalles, El Cerro y Viera Abajo.

La cercanía territorial con el departamento de Antioquia hace que compartan dinámicas similares que alteran la seguridad de los habitantes, además de ser parte de un corredor geoestratégico para el desarrollo de las economías ilícitas por parte de los grupos armados que hacen presencia en los municipios del sur de Córdoba.

Posterior a la desmovilización de las FARC-EP[2] y su salida del territorio, Grupos Armados Organizados (GAO) como el “Clan del Golfo”, otras estructuras armadas como los “Caparrapos”, y nuevas estructuras asociadas al antiguo frente 58 de las FARC-EP (disidencias), han copado zonas que dejó la extinta guerrilla. Incluso se habla de vínculos de estos grupos con el cartel mexicano de Sinaloa, que estaría financiando a miembros del ELN (algunas versiones manifiestan que hacen presencia en el departamento). Este escenario de intensificación de la violencia y conflicto armado en el último año entre los grupos armados mencionados, los combates de estos con el ejército y su posterior impacto, lo evidencia la Alerta Temprana No. 005-18[3] emitida para Tierralta por parte de la Defensoría del Pueblo.

La expansión de estos GAO se considera una amenaza para la población civil que habita principalmente en cuatro municipios de la región como: Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador y Planeta Rica, donde los “Caparrapos” tienen mayor presencia y concentran su accionar. En estos municipios las cifras de homicidios son críticas; entre enero y febrero de 2019 se habían registrado más de 35 personas asesinadas.

Los homicidios registrados durante 2019 tienen a Córdoba como el departamento con mayor incremento por esta causa en el primer mes de 2019 (32%), pasando de 31 personas en enero de 2018 a 41 personas asesinadas para el mismo periodo de 2019, según el último censo delictivo de la Fiscalía. San José de Uré reportó en 2017 dos homicidios, mientras que entre enero y septiembre de 2018 se reportaron 17[4]. Este aumento se da en medio de la aparición de panfletos amenazantes y presencia de nuevos actores armados en la zona como el denominado “nuevo frente 18 de las Farc”[5].

Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en 2018, reflejan que, tanto San José de Uré como en municipios vecinos se presentan graves vulneraciones a los derechos fundamentales, siendo los campesinos, líderes sociales, comunidades afros e indígenas los más afectados. Estas mismas poblaciones se encuentran en riesgo de protección ante constantes amenazas por la presencia de grupos armados organizados.

Los líderes sociales han sido unos de los más afectados por el incremento de la violencia que atraviesa esta subregión del departamento, el cual ocupa el primer lugar en homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Caribe, según la Defensoría del Pueblo (desde el 01 de enero del 2016 al 22 de agosto de 2018 se han registrado un total de 13 asesinatos en el departamento[6]).

En 2018 Córdoba registró más de 400 personas[7] desplazadas en tres eventos masivos en el municipio de San José de Uré.  Los desplazamientos masivos se registraron en el resguardo indígena Embera Katío de la comunidad Dochama y dos en zona rural del corregimiento de Versalles perteneciente a este municipio.

Desde 2017 se han presentado múltiples amenazas contra la población civil por parte de todos los actores armados que confluyen en la zona[8]; la mayoría de los ataques se reflejan en homicidios, amenazas de muerte, con consecuencias como restricciones a la movilidad, desplazamientos, temor, desconfianza y afectación psicosocial de las comunidades. También preocupan las continuas amenazas y extorsiones a los beneficiarios del Plan de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), quienes deben pagar parte del subsidio a los GAO.

Los hechos acaecidos en lo corrido de 2019 muestran la elevada tendencia a que ocurran nuevos hechos victimizantes en el departamento; en especial los municipios del sur de Córdoba con mayor riesgo por concentrar las plantaciones de coca, con 4.780 hectáreas de hoja de coca sembradas, es decir, 2.112 hectáreas más con respecto al registrado en el 2016 (2.668 hectáreas), según el último informe de la UNODC del año 2017[9]. Esta tendencia, está asociada al 55% de los homicidios registrados durante el 2018, dadas las actividades de los grupos armados asentados en corredores del narcotráfico, y coincide con municipios donde se está llevando a cabo la sustitución de cultivos ilícitos[10].

Las autoridades locales y regionales de Córdoba y Antioquia han llevado a cabo algunos Consejos de Seguridad, tras los cuales se determinó la necesidad de incrementar el píe de fuerza pública en las zonas más azotadas por las situaciones descritas anteriormente (Sur de Córdoba y Bajo Cauca). Es así como se activa la Fuerza de Tarea Conjunta, previendo que más de 4.000 miembros del Ejército refuercen la seguridad en estos departamentos; esta situación lejos de tranquilizar a las poblaciones vulnerables las sume en incertidumbre y temor, por el riesgo de sufrir impacto humanitario por las hostilidades que se registran en esta región de Colombia.

Riesgos y necesidades en San José de Uré

Desde enero de 2018 el grupo armado “Los Caparrapos” impone restricciones a la movilidad entre las 5:00 p.m y las 6:00 a.m, a los pobladores de la zona rural de este municipio, sin embargo, la situación se ha agudizado en los últimos tres meses.

Las consecuencias humanitarias ya las padecen los habitantes de la zona rural, quienes han visto limitadas sus actividades de sustento diario, como el trabajo en extracción de caucho, minería artesanal y actividades agrícolas debido a la prohibición por parte de este grupo armado, para circular entre algunas veredas. Ante esta situación, las personas manifiestan tener dificultades para cubrir sus necesidades básicas, principalmente el acceso a sus medios de vida y alimentos.

Otro hecho de gran preocupación es la desescolarización de aproximadamente 2.200[11] niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), quienes tardaron en iniciar el calendario escolar porque no se ha había hecho efectiva la contratación de los docentes; según reportes de la Alcaldía municipal solo tres colegios o centros educativos del municipio iniciaron operaciones de manera normal, pero no en todos los grados escolares, mientras que los demás Institutos educativos iniciaron las clases de manera paulatina a partir de las últimas semanas de marzo. Esta situación preocupa porque se repite año tras año y expone a los menores al reclutamiento forzado y otros riesgos asociados a la utilización de menores en el marco del conflicto.

Adicional a los problemas administrativos que retrasaron la contratación de docentes, la presencia de miembros del Clan del Golfo y Los Caparrapos también dificulta el calendario escolar de los NNA, siendo otra causa de la desescolarización; el miedo que tienen los padres de familia para enviar a sus hijos a estudiar ante el riesgo de reclutamiento, y el temor de los docentes también afecta el inicio del calendario escolar. Otras limitaciones se asocian a las largas distancias que deben recorrer algunos estudiantes siendo un factor de riesgo, y la falta de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas de los NNA, quienes en muchas ocasiones el alimento que entregan en la escuela es el único al que tienen acceso.

Ante el panorama actual y el riesgo para los menores de edad en la zona, los habitantes del corregimiento El Cerro[12], donde habitan aproximadamente 20 familias, se han visto obligados a no enviar a sus hijos hasta la vereda La Cabaña donde funcionan los grados escolares de secundaria; los que sí acceden a enviar a sus hijos a clases optan por esperar hasta que los niños terminen su jornada escolar para devolverse con ellos a las casas.

El Cerro ha sido uno de los corregimientos más afectados, ya que sus familias subsisten de la pesca y la minería artesanal, oficio que no han podido desempeñar por las restricciones a la movilidad impuestas por los grupos armados. La circulación de panfletos en todo el municipio también ha incrementado el miedo entre los pobladores, quienes según un servidor público no se han desplazado de la zona porque los grupos armados les tienen prohibido desplazarse masivamente.

Tanto los habitantes de El Cerro y la Cabaña evidencian la necesidad de la atención psicosocial, reflejada en episodios de tristeza y desesperación ante las problemáticas que se presentan en la cotidianidad, ya sea por la falta de ingresos, las necesidades básicas insatisfechas y las consecuencias de limitaciones de movilidad en el territorio.

Vacíos de respuesta

La baja presencia del Estado en zona rural como urbana aumenta la vulnerabilidad y los riesgos a los que están expuestos los pobladores e impide visibilizar lo que allí ocurre.

El elevado número de hechos victimizantes y la constante presencia de GAOs en el municipio, dificulta y sobrepasa la capacidad de respuesta institucional para mitigar el impacto en las personas afectadas. Adicionalmente, la no declaración de hechos o emergencias ante el Ministerio Público dificulta la acción de algunas instituciones que actúan solo ante dicha declaración.

Adicional a la desescolarización conocida en este municipio se suman fallas estructurales y deficientes instalaciones en algunos centros educativos donde los menores reciben sus clases; además, muchos padres envían a los menores sin desayunar y sin útiles escolares porque sus medios de vida se han visto gravemente limitados, situación que se agudiza ante las largas distancias que algunos padres y estudiantes deben transitar hasta llegar a las escuelas, siendo este un factor de riesgo.

Las problemáticas de orden público en San José de Uré agudizan los vacíos del sector educativo para contratar docentes y dar inicio al calendario escolar.

Ante la presencia de grupos armados en zona rural las comunidades campesinas no están siendo atendidas en salud, se ha suspendido la jornada de vacunación y el seguimiento de talla y peso a los niños en zona rural.

Las afectaciones en salud mental y emocional tampoco están siendo cuantificadas, diagnosticadas o atendidas.

Los medios de vida de las personas limitados por dificultades para acceder a trabajos (caso barequeros, trabajadores de caucheras, labriegos) no ha sido atendidos por ningún programa institucional, evidenciando la necesidad de planes de acción para fortalecer las capacidades productivas de las comunidades.

Respuesta

Autoridades locales y departamentales

En lo corrido del 2019, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), regional Córdoba, ha hecho presencia en la zona en varias oportunidades, acompañando a la alcaldía de San José de Uré a través de un proyecto de apoyo productivo; dichos proyectos están dirigidos a población retornada y resistente de las veredas de El Cerro, El porvenir y La Cabaña, y al mismo tiempo le permite analizar la situación de orden público de la zona.
El 19 de enero de 2019, la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, presidió un Consejo de Seguridad junto con la Gobernación y autoridades locales del sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño para definir acciones que mitiguen del contexto de seguridad y orden público de la región.
La Defensoría del pueblo realizó una misión el 21 de febrero para escuchar a las comunidades de San José de Uré y Montelíbano (Córdoba), y Caucasia, Tarazá, Cáceres y el Bagre (Antioquia). De esta manera esperan reconocer y atender las problemáticas de vulneración de derechos en estas poblaciones.

Comunidad humanitaria nacional e internacional

Actualmente Acción Contra el Hambre tiene un proyecto de acceso a agua segura en las comunidades desplazadas y/o resistentes de El Cerro, La Cabaña, El Porvenir, San Pedrito y Cabildo Dochama.

En febrero de 2019 se realizó una misión a San José de Uré para determinar y evaluar las necesidades de las comunidades; y a partir de allí analizar los riesgos y visibilizar la situación humanitaria de las comunidades de El Cerro, La Cabaña y Viera Abajo. Los principales hallazgos reflejaron: i) restricciones a la movilidad ii) Afectación de los medios de vida para proveer alimentos, necesidad de utensilios de aseo, medicamentos, entre otros, iii) desescolarización iv) Afectaciones emocionales y psicológicas v) falta de atención en salud para las comunidades ubicadas en el sector rural vi) elevado riesgo en protección para líderes y lideresas.
La misión se llevó a cabo por organizaciones del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Córdoba, entre ellas: el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Acción contra el Hambre (ACH), WORLD VISION, Consorcio para la respuesta rápida de emergencias Diakonie Katastrophenhilfe (DKH), la Corporación Infancia y Desarrollo (CID) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) seccional Medellín, Unidad de Manejo y Análisis de información Colombia y Cáritas Colombiana (UMAIC-Cáritas Colombiana).  

Cada uno de las organizaciones realizó una evaluación de necesidades en el formato de respuesta rápida a emergencias del Consorcio DKH, NRC, LA CID.

Recomendaciones

Autoridades locales y departamentales

Verificar y visibilizar la situación humanitaria y necesidades de las demás comunidades afectadas en la zona, para gestionar la atención correspondiente.

A la Gobernación de Córdoba, gestionar la contratación de docentes en los tiempos adecuados para garantizar el inicio del calendario escolar a tiempo y salvaguardar la integridad de los docentes para que permanezcan en la zona.

A las autoridades locales y departamentales, incrementar la presencia en las comunidades rurales y atender las necesidades sectoriales de la población.

A la Secretaría de Salud, atender a las comunidades del sector rural con estrategias que mitiguen afectaciones en salud física y emocional.

A las autoridades locales y departamentales implementar proyectos productivos garantizando sostenibilidad y acompañamiento; se sugiere cría de especies menores tanto para el consumo, como para la comercialización. Impulsar los mercados campesinos para la obtención de recursos de las comunidades rurales.

Alianzas entre instituciones públicas y/o privadas y las comunidades, para garantizar la compraventa de excedentes de producción e inclusión de la cadena de valor.

Se requieren procesos de formación por parte del SENA en diferentes áreas, dirigidos especialmente a las mujeres con el fin de poder aportar a la economía del hogar.  

 A la comunidad humanitaria e internacional

Promover el aumento y presencia de las organizaciones humanitarias y de DDHH en la zona, para el acompañamiento, seguimiento de la situación humanitaria y de protección de las comunidades vulnerables, a través de proyectos que complementen la respuesta local.

Coordinar acciones entre las organizaciones del ELC Córdoba y en lo posible del ELC Antioquia, para de esta manera responder a las necesidades de las comunidades y visibilizar las situaciones con enfoque regional, ya que se comparten algunas dinámicas.

Implementar acciones rápidas de respuesta en los sectores de alimentación, recuperación temprana, educación en emergencia, salud, agua y saneamiento, y protección por parte de las organizaciones con presencia en la zona.

 

[1] DANE: Proyecciones de Población departamentales y municipales por área 200-2020.

[2] En el marco del Acuerdo de Paz firmado con el Gobierno de Colombia

[3] La Defensoría del Pueblo emitió tres Alertas Tempranas (023-18, 071.18, 083-18) posteriores a esta con el fin de evidenciar las difíciles situaciones y riesgos a los que están expuestos los pobladores tanto en zona urbana como rural.

[4] Reporte de la Policía Nacional de Colombia.

[5] Ver, reportes Monitor y análisis de contexto ELC Córdoba.

[6] http://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/7399/Homicidios-de-l%C3...

[7] Cifras suministradas por la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, UARIV.

[8] El sistema de información Monitor tiene registro de más de 15 hechos reportados desde septiembre del año 2017 hasta febrero 20 de 2019.

[9] https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monito...

[10] Informe Fundación Ideas para la Paz, “Sin política pública contra los homicidios no es posible proteger la vida en Colombia”. Diciembre 2018. Consulta virtual disponible en: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1717

[11] Este número es un estimado, dado que para el 2019 el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT), no ha enviado el reporte oficial del número de estudiantes matriculados.

[12] Muchas familias de esta comunidad salieron desplazadas entre enero y febrero del año 2018 motivadas por los problemas de orden público en la zona. Ver informe Flash desplazamiento en San José de Uré, febrero de 2018.

Operation(s)/ Webspace(s): 
Organization(s): 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Cluster(s)/Sector(s): 
Original Publication Date: 
23 Apr 2019
Document type: 
Analysis Report
Location(s): 
San José de Uré
Coordination hub(s): 
Equipo Humanitario Córdoba